JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
La admisión del ministro colombiano de la Defensa,
Jorge Alberto Uribe, de que pagó una recompensa por la
información que permitió capturar al guerrillero Rodrigo
Granda, podría obligarlo a sentarse en el banquillo de
los acusados en Venezuela, pues el Ministerio Público está
analizando la posibilidad de solicitar su extradición,
para procesarlo por la presunta comisión del delito de
privación ilegítima de libertad agravada.
La información la suministró el fiscal general
de la República, Isaías Rodríguez, a su salida
del acto de presentación del informe anual de gestión
del presidente Hugo Chávez ante la Asamblea Nacional.
"El secuestro es un delito de ejecución permanente
que tiene como corolario el que pueda haber una responsabilidad
cuando alguien asume, como asumieron en Colombia algunos
dirigentes, que se había pagado por la información",
afirmó al tiempo que agregó que "la confesión
del ministro lo hace partícipe del secuestro".
Tras admitir que esta sería la primera vez que se
solicitaría que un funcionario extranjero responda
ante la justicia venezolana por sus actos, Rodríguez
aseguró que "Uribe puede ser juzgado tanto en Venezuela
como en Colombia". Pero aclaró que el procesamiento
del ministro por los tribunales de su país podría
impedir su enjuiciamiento en esta orilla del Arauca.
Consultado sobre la manera como se realizaría
el proceso, el máximo responsable del Ministerio
Público indicó que "como en Venezuela no se
juzga en ausencia, entonces tendríamos que abrir
un procedimiento que permitiera establecer las responsabilidades
de acuerdo a las investigaciones. Posteriormente solicitaríamos
a los juzgados la extradición".
Rodríguez afirmó que el ministro Uribe
no es el único a quien tendrían en la mira
e informó que igual suerte correría un capitán
colombiano, cuya identidad aún no han determinado
y quien supuestamente habría estado en Caracas
coordinando la detención de Granda.
Consultado sobre si la justicia militar o la ordinaria
es la competente para conocer el caso, el fiscal
general dijo: "Las investigaciones se están
realizando por las dos fiscalías. La Fiscalía
Militar está sustanciando los delitos militares
que pudiera haber; recuerden que en este caso pudiera
estar ajustado a lo establecido en el Código
de Justicia Militar". No obstante, admitió
que podría plantear un conflicto de competencias
ante el Tribunal Supremo, por cuanto el secuestro
es un delito ordinario.
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