El titular del Ministerio Público, quien solicitó el pasado 2 de diciembre la revisión del dictamen del 14 de agosto de 2002, explicó que la decisión del TSJ se basó en uno de los alegatos presentados por la Fiscalía sobre las actuaciones de la Sala Plena Accidental, la cual a su juicio, "ejerció indebidamente el control expreso de la Constitución Nacional".

"En este caso de los militares la Sala Plena Accidental violó el artículo 49 de la Constitución Nacional, tomando los argumentos de fondo e iniciando un juicio, cuando realmente se había iniciado un antejuicio para luego concretar el desarrollo de su respectivo proceso penal".

Rodríguez estimó que se violó el debido proceso. "Por haberse vulnerado el debido proceso, este fallo fue perfectamente revocado y anulado. Por lo cual con esta anulación se comenzará nuevamente el proceso contra estas personas involucradas en los hechos de abril de 2002".

Igualmente afirmó que a su parecer el pronunciamiento del 14 de agosto de 2002 presenta algo más que imprecisiones.

"Sin duda alguna en este caso se interpretó de forma grotesca el marco constitucional. Los encargados de impartir justicia alegaron que nunca se detuvo a un Presidente, sino a un ex Presidente, que no existió la malignidad, y que los mismos estaban preñados de buenas intenciones, estos alegatos no coinciden con la realidad y el pueblo necesita saber lo que aconteció en esos días", aseveró.

Afirmó que en este caso no se está llevando a cabo un doble juicio e indicó que la "cosa juzgada, en una sentencia, no puede considerarse únicamente por intermedio del uso de la Carta Magna, y que diversas leyes nacionales permiten la inspección y acceso a la anulación de un fallo".

"En el dictamen del 14 de agosto de 2002, nunca se desarrolló un juicio, sólo se llevo a cabo un proceso de antejuicio, evitándose el desarrollo de un juicio entre las partes. Podemos decir con absoluta propiedad que estos cuatro ex oficiales nunca fueron llevados a un proceso judicial por el delito de rebelión militar".

Nuevos cargos
Isaías Rodríguez dejó clara la posibilidad de que los ex oficiales Efraín Vásquez Velasco, Pedro Pereira, Héctor Ramírez Pérez y Daniel Comisso Urdaneta, puedan ser juzgados por nuevos delitos.

"Esta anulación del TSJ permitirá a los fiscales agregar indicios o nuevos cargos a estos ciudadanos en caso de su comprobada existencia".

Aclaró que los involucrados serán juzgados en los tribunales ordinarios, ya que por ser dados de baja no les corresponde el antejuicio de mérito.

"Por ser ciudadanos en condición civil no obtendrán los privilegios militares y serán procesados bajo la jurisdicción judicial que les corresponda".

Dejó abierta la posibilidad de que el Consejo Moral analice el caso de los magistrados que firmaron el anulado fallo.

Con información de Javier Moreno S.