EDGAR LOPEZ
EL UNIVERSAL
La Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia
destituyó de sus cargos a todos los jueces titulares y
suplentes de las cortes Primera y Segunda de lo Contencioso
Administrativo, como parte de un plan general de reestructuración
de la jurisdicción encargada de tramitar los pleitos entre
los particulares y los órganos de la Administración
Pública.
Fuentes oficiales del Máximo Tribunal confirmaron la
decisión, pero poco trascendió de las razones precisas
que la motivaron. En todo caso, la Comisión Judicial
estaba analizando la situación desde julio pasado, cuando
la Sala Constitucional le confirió la facultad (que antes
tenía la Sala Político Administrativa) para designar
y remover los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa.
El pasado 12 de julio, el presidente de la Comisión
Judicial, Luis Velázquez Alvaray, explicó que
se evaluaría el desempeño de las autoridades de
las cortes Primera y Segunda, así como de todos los
tribunales superiores de lo Contencioso Administrativo del
país.
Los afectados por la medida de destitución acordada
el pasado 28 de septiembre son: 1. Rafael Ortiz Ortiz,
Oscar Enrique Piñate Espidel y Trina Omaira Zurita,
titulares de la Corte Primera, así como los suplentes
Grace Mary Brunicardi Sandoval, Sol Gámez Morales
y Alexander Espinoza Rausseo; y 2. María Emma León
Montesinos, Jesús David Rojas Hernández y Betty
Josefina Torres Díaz, titulares de la Corte Segunda,
así como los suplentes Belén Irene Serpa Blandín,
Aracelis Margarita Chávez Páez y Rodolfo Antonio
Luzardo Baptista.
Según las estadísticas publicadas en la página
web del Tribunal Supremo de Justicia, durante el año
en curso la Corte Primera ha dictado 1.258 sentencias,
mientras que la Corte Segunda 2.616.
La turbulencia en la jurisdicción contencioso
administrativa comenzó con las decisiones de
la Corte Primera que afectaron intereses gubernamentales,
entre ellas los fallos relacionados con la militarización
de las calles de Caracas, la actuación de los
médicos cubanos incorporados a la Misión
Barrio Adentro y la incautación de equipos a
Globovisión.
En un hecho sin precedentes en la historia judicial
del país, la sede de la Corte Primera fue allanada
por la Disip, pues el Ministerio Público emprendió
una investigación por supuestas irregularidades
en la tramitación de un expediente. Paralelamente,
la Sala Político Administrativa determinó
que los magistrados de la Corte Primera habían
incurrido en error inexcusable al pronunciarse sobre
una causa relacionada con la propiedad de unos terrenos
en Baruta.
Los cuestionamientos concluyeron con la destitución
de Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana María
Ruggiero, supuestamente vinculados a la oposición.
Las otras dos integrantes de la Corte Primera,
Luisa Estella Morales y Evelyn Marrero, supuestamente
vinculadas al oficialismo, terminaron ocupando
altos cargos en el TSJ.
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