JUAN FRANCISCO ALONSO

EL UNIVERSAL

Las recientes actuaciones del Ministerio Público contra la periodista Patricia Poleo, el empresario Nelson Mezerhane, el general (r) Eugenio Añez y Salvador Romaní hijo han generado suspicacias, por cuanto ninguno de esos nombres había sido mencionado por las personas que fueron llamadas a declarar ni figuraban en las actas que, hasta el momento, se habían filtrado a los medios de comunicación.

Dos de los hermanos del fallecido funcionario, Marisela Caraballo Anderson y Juan José Meléndez Anderson, en una rueda de prensa recientemente celebrada, exigieron al fiscal Isaías Rodríguez que les "diera herramientas" para no creer que su actuación buscaba "desviar la atención", tal y como lo han asegurado sectores de la oposición.

Rodríguez ha rechazado estos señalamientos y ha asegurado que su despacho cuenta con elementos para señalar a Poleo, Mezerhane, Romaní y Añez; así como para condenar a Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara, presuntos ejecutores del atentado.

Llamadas e informantes
Desde su inicio, la investigación del Ministerio Público ha sido guiada por el testimonio de informantes, algunos anónimos y otros de ellos de dudosa credibilidad.

En las actas consta que el 19 de noviembre la policía científica (Cicpc) recibió una llamada anónima, en la cual se asegura que los Guevara fueron quienes mataron a Anderson y acusa a Juan Bautista de colocar el explosivo, mientras la camioneta del fiscal estaba estacionada en las afueras del Instituto de la Policía Científica (Iupolc).

Esa fuente también es la que lleva a los fiscales del caso a dar con Juan Carlos Sánchez, Antonio López, Pedro Lander y Johan Peña. Los Guevara presumen que el informante es un funcionario del Cicpc que utiliza el seudónimo de Marcos Cabala.

En mayo pasado, Alexis Peñuela dijo en la Fiscalía que los Guevara lo habían contratado para "ponerle un tumbarrancho a un funcionario que estaba echando vaina", pero al percatarse de que era algo más grave se desapareció, luego de supuestamente haber cobrado parte de su pago.

En agosto, Giovanni Vásquez De Armas, un supuesto paramilitar colombiano y que habría sido contratado para transportar el C4 utilizado en el atentado, también acudió al Ministerio Público para contar lo que sabía sobre la planificación del crimen. Su testimonio ha servido para actuar contra Poleo, Mezerhane, Añez y Romaní.

El fiscal Rodríguez ha defendido la credibilidad de Vásquez, pese a que las autoridades del vecino país han afirmado que tiene antecedentes penales y que ha sido procesado por usurpación de identidad.

Los cruces de las llamadas telefónicas entre los supuestos implicados también es otro elemento esgrimido por el despacho de Isaías Rodríguez para sustentar sus señalamientos, aun cuando no tiene registrado el contenido de ninguna conversación.

Las hipótesis
Nada más conocerse el asesinato del fiscal Anderson, algunos voceros del Alto Gobierno afirmaron que el móvil era "político". No obstante, días después, el entonces concejal del municipio Libertador, Carlos Herrera, denunció que el crimen habría sido planificado por sectores financieros y políticos.

"Un sector del Gobierno estaba presionando a Danilo para que no imputara a unos banqueros y empresarios que estaban involucrados en la firma del decreto (Pedro) Carmona Estanga" el 12 de abril de 2002, afirmó, al tiempo que exigió que fuera investigada una lista de personas, entre quienes destacaba el vicepresidente José Vicente Rangel, el hoy ex ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega; los empresarios Arístides Maza e Ignacio Salvatierra.

Posteriormente, comenzaron a filtrarse algunas actas contentivas de las declaraciones de amigos del fiscal (Sócrates Tiniacos), en las cuales se aseveraba que unos abogados de banqueros le habrían ofrecido dinero al funcionario asesinado, a cambio de que no los procesara.

A partir de allí comenzó a surgir la tesis de que el atentado del 18 de noviembre de 2004 pudo haber sido orquestada por una supuesta red de extorsión que habría operado en torno a Anderson.

Pese a que el máximo representante del Ministerio Público ha asegurado en reiteradas oportunidades que esa versión sería investigada, hasta el momento poco o nada se sabe al respecto.

Otra hipótesis que al parecer tampoco ha sido tomada en cuenta por los investigadores es la referente a la inusual presencia de efectivos de la Disip en los alrededores del lugar donde se produjo el bombazo. Esto, pese a que al menos dos estudiantes del Iupolc, donde también cursaba estudios Anderson, habría observado a dos motorizados de ese cuerpo policial a la altura de la Universidad Bolivariana en Los Chaguaramos y los habrían oído cuando decían: "La camioneta amarilla está arriba".

Los cambios de las comisiones investigadoras también han generado suspicacias, sobre todo la última modificación, la cual vino acompañada por los señalamientos del fiscal Rodríguez en contra del coordinador de ese equipo, el comisario José Cuéllar, de quien insinuó que estaba al servicio de la inteligencia estadounidense (CIA). Cuéllar sugirió precisamente ponerle la lupa sobre los efectivos de la policía política.