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Con escogencia del jurado se inició juicio del caso del maletín

Ayer se convocó a 40 posibles miembros del jurado. De ellos, once son latinos

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NOELIA SASTRE

ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Franklin Durán es soltero y de momento sólo cuenta con la compañía de sus abogados, una hermana y dos primas para pasar el peor trago de su vida: el juicio contra él que comenzó ayer en Miami.

El empresario venezolano de 40 años apareció cabizbajo, pálido, vestido con un traje azul, camisa blanca y corbata ante la juez asignada al caso, Joan Lenard.

Sentado entre dos de sus letrados, el único hombre que sigue declarándose inocente entre los acusados por el famoso caso del maletín no estaba esposado (a diferencia de otras comparecencias en la sala) y se limitó a tomar nota durante las preguntas realizadas a los potenciales jurados.

Hasta 40 personas fueron convocadas por el tribunal como posibles miembros del jurado, que estará compuesto por 12 y otros cuatro suplentes.

De esos 40, un total de 11 se identificaron como latinoamericanos: tres nacidos en Cuba, dos en Guatemala, otros dos Perú, y también en Nicaragua, Brasil, Colombia y Puerto Rico. El resto (excepto uno de Jamaica) ha nacido en Estados Unidos.

La procedencia del jurado en una ciudad con tanta población hispana como Miami era algo que preocupaba al abogado de Durán, Ed Shohat, porque su origen podría poner en duda su objetividad a la hora de juzgar al acusado.

En el juicio que según el calendario judicial durará dos semanas pero podría extenderse hasta seis, el jurado decidirá si Durán es culpable de actuar como agente encubierto de su gobierno en EEUU sin comunicárselo a las autoridades competentes, y de amenazar a Guido Alejandro Antonini Wilson para esconder el origen y destino de los 800.000 dólares que este último intentó ingresar a Argentina desde Venezuela.

A diferencia de los otros tres acusados (los también venezolanos Moisés Maionica y Carlos Kauffmann, y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello), que se han declarado culpables y están colaborando con la Fiscalía para reducir su pena, Durán sigue manteniendo su inocencia, enfrentándose a una pena de cárcel de hasta 10 años.

Lo que se espera Arrancó así un juicio visto como un triángulo político que involucra a tres países: Argentina y la campaña de su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para quien supuestamente iban destinados los 800.000 dólares con los que Antonini viajó a Argentina el 4 de agosto de 2007. Venezuela, cuyo gobierno supuestamente envió aquel maletín lleno de dinero y Estados Unidos, que lanzaría así una nueva ofensiva contra el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Durante el juicio, el fiscal Tomas Mulvihill tendrá que probar que Durán actuó ilegalmente en nombre del gobierno venezolano para presionar a Antonini, su amigo con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, para que ocultara el origen y destino del dinero confiscado -al parecer de forma casual- por una agente de aduanas en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires.

Por su parte, la defensa recordará que la ley de 1917 que obliga a Durán a registrarse como agente extranjero es "una ley oscura que el acusado no sabía que existía". En un documento firmado por Shohat y presentado a la Corte, el abogado afirma que "en sus 90 años de existencia nunca había sido aplicada para una conducta similar a ésta''.

Por otro lado, Mulvihill tendrá que volver a sacar a relucir la presunta conexión del dinero con la campaña de la presidenta argentina. Un asunto que nombró claramente al comienzo del caso, pero que desapareció de sus argumentaciones tras la crisis diplomática entre Buenos Aires y Washington.

Según los fiscales, la motivación de Durán para ayudar a cubrir el escándalo, fue facilitar el traslado de fondos corruptos. El abogado de Durán dice que es "ridículo" usar esas versiones para sostener el cargo de que su defendido estaba actuando bajo el control del servicio de inteligencia de Venezuela. El FBI, sin embargo, tiene grabaciones que indican que la inteligencia venezolana estuvo involucrada.

Shohat insiste en que se trata de un caso con una clara connotación política para hacer daño al gobierno venezolano. "Nuestra opinión es que este caso es un ataque político", afirma una y otra vez el letrado.

Ahora tendrá muchos días para demostrarlo.


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