CARACAS, sábado 04 de julio, 2009 | Actualizado hace
El título de este artículo hace referencia a un texto teatral escrito en Venezuela por el reconocido dramaturgo, actor y director argentino Juan Carlos Gené que desde su estreno en Caracas, en julio de 1984, sacudió los cimentos de las artes escénicas en el continente. Esta obra relata el drama de Ana y Úrsula, dos monjas que no usan hábitos y que, despojadas de toda riqueza, viven en un país cualquiera, obviamente latinoamericano, dedicadas a evangelizar y convivir el día a día con los más pobres y desprotegidos, en una cotidianidad que se rompe cuando Pablo, un joven guerrillero que huye del trágico final que le tienen preparado sus opresores, se refugia en la casa-claustro de estas religiosas que, por ello, se ven envueltas en la violencia y la represión de un régimen totalitario, envuelto en una guerra civil y aliado de una potencia extranjera. ¡Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia!
Hoy nos encontramos todos los venezolanos envueltos en la violencia y la represión de un régimen autoritario, no por refugiar a un guerrillero, si no por defender la democracia y luchar por el cumplimiento de la Constitución Nacional. Aunque no hemos tenido la suerte del pueblo de Honduras que ha logrado rescatar su institucionalidad, ni la de José Manuel Zelaya que ha conseguido su propia resolución en la OEA y hasta la enérgica actuación de su secretario general para lograr la inmediata restitución del presidente encuestólogo.
¡Cómo necesitamos los venezolanos a José Miguel Insulza! Nos urge hacer cumplir las decisiones de los órganos de la propia OEA, dirigidas a defender y proteger los derechos humanos de los venezolanos, que el gobierno nacional cínicamente se niega a cumplir cabalmente.
¡Haga algo señor Insulza para que se cumpla la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del 7 de febrero del 2001 mediante la cual solicitó al Estado de Venezuela la adopción de medidas cautelares en favor del periodista Pablo López Ulacio, editor y propietario del semanario La Razón!
¡Haga algo señor Insulza para que se cumpla la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del 12 de marzo de 2001, mediante la cual acordó la adopción de medidas cautelares para preservar, entre otros, los derechos a la vida e integridad personal de los refugiados colombianos en Venezuela, Manuel de Jesús Pinilla Camacho y otros!
¡Haga algo señor Insulza para que se cumpla la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del 31 de octubre de 2005 mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Raúl José Díaz Peña, privado de la libertad en la División de Investigaciones de la sede de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), sede El Helicoide, Caracas, desde el 25 de febrero de 2004, en calabozos que no poseen ventilación natural ni entrada de aire y luz natural!
¡Haga algo señor Insulza para que se cumpla la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del 13 de enero de 2003 mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor del general Rafael Alfonso Martínez, privado arbitrariamente de su libertad el 30 de diciembre de 2002 por funcionarios adscritos a la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) del Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela!
¡Haga algo señor Insulza para que se cumpla la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del 20 de junio de 2003 mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor del ciudadano Carlos Tablante, quien ha sido objeto de reiterados ataques y amenazas a su integridad física provenientes de sectores vinculados al partido de gobierno y a dependencias oficiales del Estado, a causa de su actividad parlamentaria!
¡Haga algo señor Insulza para que se cumpla la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del 29 de agosto de 2003 mediante la cual adoptó medidas cautelares a favor de Yelitse Moreno Castillo, esposa del defensor de derechos humanos Joe Castillo González, ex coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques, y su hijo César Luis Castillo Moreno, de tan sólo un año de edad!
¡Haga algo señor Insulza para que se cumpla la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del 11 de marzo de 2004 mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor del presidente y la directora de la emisora comunitaria Máxima 104.3 FM, Víctor López Yépez y Adda Pérez!
¡Haga algo señor Insulza para que se cumpla la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA del 22 de junio de 2004 mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de la señora Eloísa Barrios y su familia, quienes han sido objeto de constantes amenazas y actos de intimidación en razón de sus denuncias por el asesinato de su familiar, Narciso Barrios, cometido por agentes estatales!
¡Haga algo señor Insulza por Venezuela! Es hora de que escuche a los venezolanos cómo le dan golpes a su puerta.
justiciapitz@hotmail.com
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